2013

Entre las muchas promesas y retos pendientes por parte del Gobierno para este nuevo año se encuentra la Ley de Emprendedores, que sigue pendiente de su redacción y aprobación, por más que distintos miembros del Ejecutivo, incluido Mariano Rajoy, hayan asegurado que su aparición es inminente. Veamos los posibles beneficios que tendría en España la aparición de una ley de estas características para los autónomos y la propia recuperación económica.

A finales del mes de noviembre, una orgullosa vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría clausuraba el XV Congreso de la Empresa Familiar anunciando un nuevo plan de incentivos para los emprendedores. Era el enésimo amago de alguien del Gobierno para proclamar a los cuatro vientos la llegada de una nueva regulación para los nuevos proyectos empresariales. Una realidad que parece que no termina de ver la luz por culpa de otras iniciativas que parecen merecer mayor atención para el Ejecutivo, a pesar de que las pymes suponen alrededor del 90% del tejido empresarial español.

Por el momento, los expertos sólo se han aventurado a adelantar algunas de los necesarios estímulos con los que contaría esta ley. Incluso algunos, los más osados, se han atrevido a señalar que seguirá la estela de la que hay en Israel, uno de los países que mayor apoyo brinda a los emprendedores. Según esta posibilidad, se crearía una entidad pública independiente con una dotación inicial en el entorno de los 20 millones de euros, que sería participado por fondos de capital riesgo y por el Banco Europeo de Inversiones.

Acuerdo unánime entre los científicos

La necesidad de aumentar el apoyo a aquellos que quieren poner en marcha un negocio es algo por lo que apuestan todos los emprendedores, en especial aquellos relacionados con el ámbito científico. No en vano, y según los datos de un informe elaborado por la OCDE bajo el título ‘World of R&D 2010’, se invirtieron alrededor de 1,25 billones de dólares en actividades de I+D a nivel global. En España, apenas se invirtieron 20 mil millones, la mitad justo que en Reino Unido y menos de la cuarta parte que en Alemania. Comparado con EEUU, la proporción es de un sonrojante 20 a 1.

Espoleados por ello, en marzo diversas sociedades y organizaciones científicas entregaron en el Congreso de los Diputados una carta abierta por la ciencia, con alrededor de 43.000 firmas, más de la mitad de investigadores que trabajan en ochenta países diferentes. El texto abogaba porque la ciencia se librara de los recortes y no se hiciera de España “un país de segunda división”.

Apoyo a la internacionalización

Lo que sí parece más inminente es la aprobación de una ley de servicio exterior, que pretende mejorar el servicio que reciben las empresas de las embajadas cuando inician el proceso de internacionalización. Un apoyo interesante que, sin embargo, no parece que caminará en paralelo con cambio alguno en materia fiscal, a pesar de que, según distintos informes, cada emprendedor que inicia un proyecto con éxito genera a las arcas públicas entre diez y veinte veces más en impuestos de lo que se recaudaría invirtiendo el mismo dinero en fondos de inversiones o renta fija.


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