Según datos de la Comisión Europea, se tardan al menos 28 días en abrir un negocio en España, justo el doble que la media del entorno de los países comunitarios. Pecata minuta si lo comparamos con los 116 días necesarios para obtener una licencia operativa o los 66 días que precisa la Administración para pagar a los proveedores, por los 25 del Viejo Continente. ¿Es España un buen lugar para emprender o, al contrario, supone una muralla casi infranqueable para la mayoría de los emprendedores?

Un reciente informe promovido desde Bruselas resulta claro y tajante: falta de acceso al crédito, escaso apoyo a la innovación, trabas a la internacionalización o indiferencia por parte de las instituciones públicas. Estas son algunas de las lagunas que presenta la economía española para el éxito en el nacimiento y florecimiento de pymes y proyectos de negocio.

A pesar de lo que pueda parecer, es la propia Comisión la que refiere como gran y principal problema el retraso de pagos en la Administración, que obliga a las nuevas compañías a recurrir al crédito bancario en una coyuntura nada propicia para hacerlo. Paradójicamente, en 2011 los plazos se han alargado todavía más que en años anteriores, obligando a muchas empresas con clientes y facturación suficientes a ‘morir de éxito’ al no poder llegar a hacer frente al pago de sus proveedores.

En paralelo, sorprende la falta de otros vehículos de financiación que sí se dan en otras economías, como el capital riesgo o, en un segundo término, las dificultades que impone el regulador para la salida a Bolsa de pequeñas entidades. Algo que se ha intentado corregir en los últimos años a través de índices como el Merado Alternativo Bursátil (MAB), pero que sigue resultando tarea casi imposible para la mayoría de pymes de nuestro país.

Alta innovación

El informe de la Comisión aboga por una solución cuando menos idílica cara al futro: apostar por inversores privados cualificados que incitasen a los emprendedores a crear compañías centradas en proyectos innovadores. En este sentido, la Administración debería apostar creando una o, como mucho, un puñado de grandes agencias públicas de I+D (obviando las particularidades regionales) y reenfocar las ayudas públicas hacia programas que vinculen la financiación a los resultados.

Sea como fuere, este modelo choca de antemano con una de las grandes lacras de la mal llamada España plural, y que no es otra que la obsesión de las Comunidades Autónomas por legislar sin tener en cuenta el modelo nacional o sin querer ver más allá del ombligo provinciano que les rodea. La falta de miras políticas en este sentido está siendo uno de los principales lastres para la destrucción de empleo y el no florecimiento de proyectos empresariales, en un momento especialmente sensible, en donde el país necesita compañías nuevas que incentiven el consumo y den trabajado a algunos de los millones de desempleados que hay.

Y aún así, crecen las pymes

Con este panorama, parecería una quimera que nadie se atreviese a abrir una empresa en España. Pero los datos muestran una realidad bien contraria. Ni siquiera en el último lustro el número de nuevas pymes ha dejado de crecer, y eso a pesar de que, como aseguraba recientemente el Banco Mundial, sea más fácil hacer realidad un proyecto de negocio en Zambia que aquí. Sólo entre enero y septiembre se dieron de alta 65.000 nuevas sociedades, un 1,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Al ser una economía de servicios, no debería extrañar que la hostelería sea la reina, aunque cada vez crecen más las nuevas empresas centradas en sectores como la ciencia o las nuevas tecnologías. Una paradoja para el perfil del emprendedor español, que suele ronda los 40 años de edad y se encuentra en situación de desempleo, a pesar de gozar de una formación académica universitaria.

Quizá con un empujón a la Ley de Emprendedores, o con programas públicos de ayudas serios y accesibles para todos, o tal vez con agencias públicas que asesoren en la internacionalización a los pequeños negocios, podrían obtenerse resultados mucho mejores. El futuro de la economía española está en juego, ya que, aún con la que está cayendo, más del 97% de su sustento sigue estando en manos de pymes y negocios familiares. Ahí es nada.


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